martes, 29 de julio de 2008

ACTUALIDAD - Las muertas sin nombre


Por Sebastián Hacher – (Diario Miradas al Sur)

A Jessica le pegaron un golpe, dos puntazos en la espalda y la degollaron. Una vez muerta, el asesino la descuartizó y abandonó los restos frente a una parrilla. Un vecino vio una mano que asomaba de una bolsa de consorcio y avisó a la policía. Jessica resultó ser una travesti ecuatoriana de 27 años, llegada hace cuatro a Mar del Plata. Allí tuvo una vida triste.
Se enamoró de Fabián, un vendedor ambulante de medias alto y rubio, que se convirtió en su marido y proxeneta. Camila, otra travesti de la zona, contó a Miradas del Sur que el hombre "la golpeada y le sacaba la plata para comprar cocaína, pero ella se tenía tan poca autoestima que no se animaba a dejarlo". Sus compañeras la recuerdan como a "una chica fea pero astuta", que solía taparse los golpes con maquillaje y le robaba a los clientes para mantener a su marido. Sus peleas de pareja terminaban en escándalos callejeros o desalojos de los hoteles donde vivían. En los festejos del último año nuevo, una dirigente trans la socorrió en la Rambla: después de una pelea, sumida en un ataque de nervios, la ecuatoriana corría desnuda entre jubilados y tenedores libres.
Al cierre de esta edición no hay pistas firmes sobre quién o quienes la asesinaron. El marido fue detenido por la policía, pero el fiscal de la causa, Mariano Moyano, no encontró elementos para involucrarlo y lo liberó. Las sospechas van desde el crimen pasional hasta la venganza de algún cliente. En Ecuador y Capital Federal, distintas organizaciones intentan dar con la familia de Jessica en Quito y repatriar su cuerpo. De ser así, sería una excepción. La mayoría de las veces, los asesinatos de travestis no sólo quedan impunes, sino que nadie reclama los cadáveres.

Muertas sin nombre

El último caso olvidado sucedió en Avellaneda. El 1 de Julio apareció el cuerpo de una transexual. La policía informó que era una prostituta de Villa 21 de Barracas. Tenía el rostro carbonizado y un golpe el cráneo. Si bien hay cerca de 10.000 travestis en la Argentina, las transexuales –personas que se operan para cambiar de sexo- no superan el centenar, por lo que no tendría que ser difícil ubicar quién era. Varias travestis de la zona dijeron a Miradas del Sur que la muerta sería "La Morocha", una transexual que salió de la cárcel poco tiempo atrás. "Era una que fumaba pasta base –señaló Romina, una travesti de Villa 21- y paraba en la casa de un tranza. A veces pasa: las chicas adictas salen de estar presas, y como no tienen contención caen en esos lugares. La morocha lo hizo hasta que desapareció". Nadie reclamó por ella.

¿Cuantas corren la misma suerte?.
Alba Rueda trabaja en el centro de denuncias del INADI e investiga casos de violencia contra travestis. Sabe que es imposible responder a esa pregunta. "Todos los Estados –explica Rueda- tienden a invisibilizar los crímenes de odio contra poblaciones de diversidad sexual. No hay datos oficiales. La información la buscamos en los medios y las organizaciones. Con ese método, sólo entre Enero y Septiembre de 2007 conté 21 asesinatos". Uno de los problemas es conocer la identidad de las muertas. Así lo señala Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. "Cuando muere una compañera –dice Romero- no sabemos como se llama. Nosotras nos manejamos con el nombre que elegimos, pero al no tener documento no tenemos una identificación. A veces llamamos a la familia para avisar y te dicen 'para mi no existe más'. Esa chica vino con la discriminación desde su casa".

Transfobia

"Se llega a esas situaciones –señala Marcela Romero- porque hay una violencia que empieza con lo verbal, pasa a lo físico y llega a la muerte. Eso sucede hasta en Palermo, donde aparecen grupos a golpear a las chicas del Rosedal". Si bien este fenómeno es internacional, en la Argentina la diferencia la hace la participación de la policía. "Si somos golpeadas –sigue Romero- y vamos a la comisaría no toman la denuncia, porque dicen 'se lo merece'. En la provincia de Buenos Aires es peor: la policía provoca para que las chicas reaccionen y detenerlas. Buscan que no estemos en la calle, o que seamos la caja chica de la policía".

"Los crímenes contra travestis-agrega Alba Rueda- no son casuales. Existe una lógica en el maltrato. Si alguien le grita 'puto de mierda' a una compañera y después me lo gritan a mí, no son hechos aislados. Tiene que ver con una licencia social para maltratarnos". Romina, travesti de Villa 21, cuenta un ejemplo: "Una noche estaba con una amiga y nos levantaron dos chicos en una camioneta. Fuimos a dos cuadras de la estación de Avellaneda. Resultó ser un taller mecánico con 20 tipos. Nos encerraron, pero yo forcé la puerta y corrimos. A mi amiga le dieron un fierrazo en la espalda. No la desnucaron porque se cayó al piso. A mi me quebraron la nariz y me lastimaron la pierna, pero seguí corriendo igual, toda ensangrentada". Ahora que cerca de allí murió una de sus compañeras, Romina decidió contarlo. Pero nunca hizo la denuncia. Temía, dice, que la hiciesen pagar por las roturas que causó mientras huía.

lunes, 21 de julio de 2008

IMPUNIDAD: EL GOBIERNO ARGENTINO TENDRÁ QUE DAR EXPLICACIONES A LA CORTE IDH

Noticias de CePaDeHU
Del BOLETÍN INFORMATIVO - Número 489 - 20 de julio de 2008.



El 18 de septiembre de 2003 la Corte Interamericana de DDHH dictó sentencia en el Caso Bulacio, condenando al estado argentino como responsable por la detención y muerte de Walter Bulacio, y la violación al acceso a la justicia de su familia. Como formas de reparación, el tribunal regional ordenó una serie de medidas, algunas meramente simbólicas, como la publicación de las partes pertinentes de la sentencia en el Boletín Oficial y otras de carácter indemnizatorio para la familia. Hasta ahí, el estado argentino cumplió.

Pero lo central de la condena, referido a los tres aspectos en que hicimos eje los representantes de CORREPI en la denuncia, la prueba y los alegatos, sigue sin ser cumplido. Por eso la Corte IDH, cansada de reiterar intimaciones a nuestro gobierno, convocó a una audiencia el próximo 14 de agosto a las 9:30, donde los representantes de la víctima reiteraremos los graves alcances del incumplimiento y los representantes del estado tendrán que dar las explicaciones del caso, si se les ocurre alguna nueva excusa. La audiencia se celebrará en la ciudad de Montevideo, pues de acuerdo a su reglamento, la Corte sesiona cada tanto en otros países de la región, además de su sede en San José de Costa Rica.

En primer lugar, el estado argentino "adeuda" a la Corte IDH, a la familia Bulacio y al pueblo argentino llevar la causa penal interna hasta la sentencia, castigando al responsable material de la detención y muerte de Walter. Ni miras hay de que eso sea realidad. El comisario Miguel Angel Espósito no ha sido condenado todavía -recordemos que desde 1996 hay un pedido formal de 15 años de prisión en su contra- y ni siquiera fue exonerado de la policía federal, donde sigue disfrutando de su condición de retirado con jubilación de lujo.

Más importante aún, por su trascendencia institucional, es la exigencia de la Corte IDH de que Argentina realice los cambios legislativos que sean necesarios para terminar, en todo su territorio, con las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. A cinco años de la sentencia, allí están la averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones y las razzias gozando cada vez de más salud, reconfirmadas y ampliadas en cada reforma legislativa, en cada fallo judicial y en la práctica cotidiana.

Por último, pero no menos importante, la Corte dijo en su sentencia que el crimen policial es un crimen de estado, y debe ser así considerado por los jueces argentinos, para los cuales son obligatorios los fallos del tribunal internacional. Como los fusilamientos de gatillo fácil, las torturas y otros delitos policiales o de otras fuerzas de seguridad son violaciones a los DDHH cometidas por el aparato estatal, son crímenes imprescriptibles, que pueden ser perseguidos en cualquier tiempo y lugar.

En este punto, que es de crucial importancia cuando nuestra realidad cotidiana es que el aparato represivo estatal nos mata un pibe día por medio con el gatillo o en cárceles y comisarías, el estado argentino, no sólo no ha cumplido, sino que la "renovada" y "garantista" corte suprema "de los DDHH" se alzó deliberada y expresamente contra lo ordenado por su superior, declarando en el caso del comisario René Jesús Derecho que la tortura no es crimen de estado en democracia.

Hace cinco años que sostenemos lo mismo, y seguramente en esta audiencia lo confirmaremos: el estado argentino no puede, ni con este gobierno, ni con ninguno que defienda los mismos intereses, cumplir la sentencia en el caso Bulacio, porque hacerlo implicaría renunciar a su más valiosa herramienta de control social, las detenciones arbitrarias, y reconocer su responsabilidad institucional en cada caso de gatillo fácil o tortura, admitiendo que cuando mata un uniformado, mata el estado.

martes, 15 de julio de 2008

MEMORIA: A 14 AÑOS DE LA MASACRE DE LA AMIA


Comunicado de APEMIA del 06/07/08 -
En el aniversario del atentado a la AMIA, el gobierno no tiene nada para ofrecer

Al cumplirse el 14º aniversario de la masacre de la AMIA, la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) junto a organizaciones políticas, estudiantiles, sociales y de derechos humanos, convocamos al pueblo argentino para denunciar que siguen la impunidad, el encubrimiento de los asesinos y la falta de justicia en este crimen, y para advertir a toda la sociedad que el gobierno de Kirchner -que prometió terminar con esta vergüenza nacional- está liquidando cualquier posibilidad de investigación y de juicio y castigo a los culpables.

Este 18 de julio resultará doblemente doloroso, porque se cumplen 22 meses de la desaparición de Jorge Julio López a manos de las fuerzas parapoliciales que el gobierno se muestra incapaz de desmantelar, profundizando la impunidad reinante.

El gobierno llega a este nuevo aniversario en medio de una crisis política y con las manos vacías. Después de reconocer por decreto ¡hace ya 3 años! que el Estado argentino es el encubridor agravado del crimen, no hay juzgados ni condenados. ¡Los Kirchner llevan más años de gestión del encubrimiento de los asesinos de AMIA que el gobierno de Menem! No tienen nada para ofrecer.

Resulta contundente el abandono de la persecución de los criminales y/o encubridores. No hay ni presos, ni sospechosos, ni procesados, ni aquí ni en el exterior, por el crimen terrorista más brutal que se recuerde durante la democracia. Este es el resultado de haber puesto el atentado al servicio de la guerra de Bush en Medio Oriente y contra Irán. Por eso siguen la impunidad y el encubrimiento.

Después de llegar a las Naciones Unidas detrás de las necesidades de sus socios internacionales, el devaluado gobierno de los Kirchner quedó pedaleando en el aire ante el reciente giro de la situación política internacional frente al fracaso de la política belicista de Bush y la necesidad europea y americana de negociar con Irán una salida a la crisis mundial.

Este escenario puso de manifiesto tanto el encubrimiento internacional de las políticas del Estado argentino por parte de los Estados Unidos, Europa e Israel, como la complicidad de sus socios locales de DAIA/AMIA, en sostener estas políticas de impunidad.

Las recientes elecciones en la AMIA han reflejado, deformadamente, la frustración de la colectividad judía después de 14 años de impunidad. El "progresismo" laico, responsable de haber confiado el esclarecimiento del crimen a todos los gobiernos de turno, terminó derrotado en las urnas. Pero a poco de asumir, la nueva conducción de la comunidad judía convalidó este camino. Entre sus representantes oscurantistas están quienes se presentan como "opositores" de la política oficial organizando ceremonias religiosas de apoyo al "campo". Pero su primer acto en la conducción de AMIA fue anunciar que abandonan cualquier intervención política y hasta jurídica en el reclamo de esclarecimiento del atentado y del juicio a los culpables. Hacen su aporte para mantener "devaluada" la causa AMIA.

Kirchner sigue manipulando el esclarecimiento de este atentado terrorista de Estado para justificar la sanción de la ley antiterrorista reclamada por el Departamento de Estado, que no vino a esclarecer ningún crimen ni a imputar a sus responsables, sino a atacar las libertades públicas y el derecho de la población a organizarse libremente.
De la mano del aparato del Estado y de la nueva dirección de la colectividad judía se ha reforzado la intención de terminar con el lastre que les significa el ataque a la AMIA, para cerrarlo y organizar el olvido bajo las formas de la "memoria".

El cierre del "tema AMIA" es la punta de lanza que, junto con el final anunciado de los juicios a los genocidas de la dictadura militar, prepara el escenario para organizar los festejos del bicentenario en un marco de olvido para los grandes crímenes del Estado.

La lucha contra la impunidad y el encubrimiento es una tarea que no puede quedar ni en manos del gobierno ni de ninguno de los "opositores", que no quieren denunciar el papel criminal y encubridor del Estado argentino en el crimen de la AMIA. Impulsamos la apertura de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Investigadora Independiente del Estado, para dar con los verdaderos culpables.

Convocamos a toda la sociedad a participar el próximo viernes 18 de julio a las 18 hs., en la esquina de Pasteur y Corrientes, del único ACTO independiente del Estado, donde mantenemos en alto las banderas de la exigencia de verdad, juicio y castigo para los asesinos y encubridores de la masacre de la AMIA.




BASTA DE IMPUNIDAD Y DE ENKUBRIMIENTO
EN LA MASACRE DE LA AMIA!
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ!
DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA!
QUE ABRAN LOS ARCHIVOS SECRETOS Y SE ENTREGUEN A UNA
COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE!
JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS CULPABLES!

MEMORIA: La Matanza de Napalpí


Del sitio www.quechuanetwork.org

El CePaDeHu quiere recordar los hechos del 19 de Julio de 1924 cuando se produjo la masacre indígena de Napalpí, un hecho histórico sangriento que la historia ha ignorado, y que se inserta en la dramática vida de las naciones indígenas que sufrieron diversas formas opresivas y discriminatorias.

La masacre ocurrida en el entonces territorio nacional del Chaco fue un ejemplo de cómo la opresión indígena jugaba en aquellos años un rol en la acumulación capitalista mediante la utilización de mano de obra barata en el trabajo agrario del norte argentino.

Tropas de la gendarmería y de la policía, con el apoyo de grupos privados, atacaron el 'campamento sagrado' de El Aguará, donde casi un millar de tobas, mocovíes y campesinos blancos originarios de corrientes, se habían refugiado como respuesta a la tensa situación social que acarreaba la explotación de los hacendados locales.

El ataque terminó con una matanza, una masacre brutal.

Ese trágico 19 de Julio de 1924, unos 130 hombres armados entre la policía y gendarmería, atacaron El Aguará sin encontrar resistencia. Según los diarios de la época, y las denuncias formuladas por los diputados socialistas en la cámara de Diputados de la Nación, los atacantes sólo cesaron de disparar cuando 'advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido'. Los heridos fueron degollados, los esfínteres de algunos de ellos fueron colgados en palos. Entre hombres, mujeres y niños, se calculan doscientos muertos aborígenes y algunos campesinos blancos.

La 'masacre de Napalpí' ha sufrido el silencio a lo largo de los años y muy pocos investigadores, antropólogos y personas dedicadas al estudio de la historia indígena, le han prestado atención. Entre los investigadores que han profundizado en la cuestión figura José Picciuolo Valls. La ideología que fundamentó y motivó la resistencia fue claramente social-religiosa, y, sobre todo, mesiánica, tocándoles a los chamanes tobas reelaborar el corpus mítico de su cultura y adaptarlo a la situación colonial que vivían, proyectando sus alcances no sólo dentro de su nación, sino sobre otros núcleos étnicos no indígenas. La nación toba -cuya cultura era periférica del imperio incásico -, a partir del siglo XVII, gracias a la adopción del caballo, comenzó a expandirse sobre otras étnicas del Chaco, rechazando a los europeos. Esa supremacía decayó en el siglo XIX con el avance blanco, que derrotó militarmente a los tobas redistribuyéndolos en 'reservas aborígenes', y arrebatándoles las tierras.

La explotación de la mano de obra indígena, la discriminación racial, la violencia contra los tobas y otras naciones indígenas, el continuo apoderamiento ilegal de las tierras por parte de los hacendados blancos, motivó el levantamiento político-religioso toba, que enfrentó a los dominadores mediante la resistencia pasiva.

La razón de la matanza y de la posterior represión, encontró fundamento en el hecho de que los aborígenes dejaron de trabajar la tierra para los hacendados chaqueños y generaron una economía propia de subsistencia.

El ejemplo de los tobas podría extenderse a todo el norte argentino, movilizando por sus jefes políticos-religiosos -los chamanes - y por una fuerte mítica escatológica basada en un renacimiento de las tradiciones morales y religiosas indígenas.

El entonces gobernador Centeno, alentado por los hacendados, ordenó la represión de los indefensos aborígenes que, hay que destacarlo, estaban ejerciendo su resistencia en forma pacífica y en ningún momento recurrieron a las armas. Lo curioso de la terrible tragedia es que, después de producida, el silencio más absoluto la ocultó por décadas, a pesar de las denuncias parlamentarias que, muy pronto, también se acallaron.

Incomprensión blanca del levantamiento

La tragedia indígena de Napalpí tuvo aspectos particulares que corresponde analizar a la luz de esos hechos dramáticos.

No sólo alcanzó la incomprensión a los hacendados chaqueños que motorizaron la matanza, sino a sectores ubicados en el campo progresista y vinculados al movimiento obrero de la época.

En Sáenz Peña y otras ciudades y pueblos chaqueños tenían cierta influencia en aquellos años el Partido Socialista y núcleos de ideologías libertarias y anarquistas. Sin embargo, estos sectores, ganados por concepciones eurocentristas no apoyaron en un primer momento ni comprendieron el significado del levantamiento pacífico indígena, principalmente toba.

La razón puede encontrársela en la concepción agnóstica de esas fuerzas políticas, ajenas a las ideas religiosas, incluidas las indígenas. La fuerte motivación religiosa-animista de aquella resistencia toba que llegó a extenderse a sectores mocovíes, la acción de los chamanes -jefes religiosos y políticos- y el renacimiento nacional indígena, abortado por la masacre hizo que socialistas y anarquistas no tomaran una participación directa en la lucha, que, por otra parte, no comprendían. Otro tanto ocurrió con el incipiente movimiento obrero chaqueño.

Sin embargo, hubo un aliado indígena, algunos comerciantes de origen árabe que actuaban en la venta de productos, tanto a blancos como a indígenas. Tal vez su no adscripción al pensamiento eurocentrista y racionalista tradicional, hizo que aquellos inmigrantes árabes entendieran el significado político, social y religioso del levantamiento toba-mocoví.

Cuando la violencia se desató sobre los indefensos indígenas cobrando sus vidas, recién allí fue cuando el Partido Socialista, intelectuales y sindicalistas libertarios advirtieron el error anterior y se movilizaron a favor de esos sectores irredentos. En la Cámara de Diputados de la Nación, diputados socialistas como Antonio De Tomaso y Mario Bravo denunciaron el genocidio indígena y reclamaron al gobierno nacional del presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear, para que detuviera nuevas masacres.

jueves, 10 de julio de 2008

Lavado de cara a la DOBLE AA

Del Boletín Informativo de CORREPI - Número 487 - 7 de julio de 2008.

Esta semana se difundió que un juez de Mar del Plata declaró inconstitucional un inciso de la ley que permite a la policía bonaerense detener personas en averiguación de antecedentes. Sin perjuicio de que algunos medios presentaron el asunto como si se hubiera puesto algún límite significativo a la represión estatal, no deja de ser interesante leer, por ejemplo, el diálogo entre el juez y la capitana María Alejandra Amaya, titular de la comisaría en cuestión, durante el juicio.

Página 12 lo transcribe así: El juez Tapia “primero determinó que el policía que detuvo a Lucas O. en su camioneta no tenía orden de detención sino de identificarlo. El juez preguntó qué pasaba cuando alguien tenía documento y cuando no lo tenía. “Si lo tiene, se controla en el sistema y si no tiene impedimentos se va de inmediato.” “¿Cuánto lleva el trámite?” “Dos o tres minutos.” “¿El accionante tenía DNI?”, preguntó el juez. “Sí, pero ese día se cayó el sistema”, respondió Amaya. “¿Qué pasa cuando se cae el sistema?” “Se lo lleva a la comisaría donde se averigua por vía informática.” “¿Por qué salió a las nueve de la noche?” “Porque se cayó el sistema informático del Ministerio”, aseguró Amaya. Tapia buscó respuestas en el propio Ministerio de Seguridad bonaerense y determinó que si se cae el sistema informático se arregla casi de inmediato; determinó que la averiguación de identidad y de antecedentes demora entre cinco y veinte minutos y comprobó que ese día el sistema no se había caído”.

La decisión judicial que se muestra periodísticamente como beneficiosa para la salud institucional, declarar la inconstitucionalidad de un inciso, es una aspirina para el cáncer cuando la detención por averiguación de antecedentes es una de las herramientas más efectivas para las detenciones de pibes pobres, y el vía libre para la tortura en todo el país, incluso ignorando, como lo hace la corte suprema, que desde la sentencia internacional en el caso Bulacio las contravenciones y AA deberían ser derogadas para que el estado argentino cumpla lo dispuesto por la Corte IDH.

Todos los días miles de jóvenes son víctimas de detenciones arbitrarias y alojados en celdas con presos comunes. Luego se decide si se los “blanquea” por AA o por una contravención que se inventa en la comisaría.

Como conclusión de todo este “despliegue judicial” marplatense, los policías están libres y simplemente investigados, por supuesto por sus propios compañeros de fuerza. Nada que no podamos esperar del poder judicial, una de cuyas tareas es limpiarle la cara, en mínima e inofensiva dosis, al estado represor del que forma parte. Toda una farsa para el pueblo que, a medida que toma conciencia de la realidad de un muerto cada 40 horas por el gatillo fácil y las torturas, debe organizarse y luchar contra la represión.

martes, 1 de julio de 2008

REFLEXIÓN: Los Mataguachos


Los Mataguachos por Sebastián Hacher

“Villa Fiorito es un barrio de territorios difusos, disputados por adolescentes cuyo futuro es apenas una esperanza de sobrevida. Las historias de tiroteos ocupan largas horas de charla, e incluso algunos se grabaron en la memoria colectiva como escenas de una guerra civil”

Estas palabras, nacidas de la pluma del periodista de oficio Sebastián Hacher, describen como nadie la terrible realidad que hoy se vive en las sufridas barriadas del conurbano bonaerense.
Es que la violencia social en Argentina crece en proporción geométrica.

Los periodistas profesionales –aquellos quienes, según el payador Martín Castro, “mojan la pluma en la bota del amo / y escriben con la sangre del rebelde y del paria”- no desmayan en señalar como responsables de esta situación a los morochos carenciados menores de 25 años, acusándolos de ser unos degenerados capaces de cometer las mayores violencias con tal de no trabajar, proveerse de zapatillas de marca, y de dinero para satisfacer su consumo de drogas.
Este discurso cala hondo en una sociedad como la nuestra, de profundas raíces autoritarias, hasta el punto de lograr que aún las personas mejor intencionadas, concedan que “es cierto que sus condiciones de vida son terribles, pero ellos también tienen la opción de elegir un camino diferente”.

Esto último es, ciertamente, una verdad a medias. No hay mejor manera de comprender a un ser humano, que ponerse en su propia piel por un instante. Si es que a uno le importa, sinceramente, el sufrimiento de ese ser humano.

Venir al mundo en una casa de chapas fría, que se llueve, donde no todos los días hay algo para comer; y si lo hay, la comida no siempre es rica. No hay padre: embarazó y huyó, o está muerto, o está preso. La madre casi no está en el hogar, rebuscando en casas de familia unas monedas con que alimentar a los hijos, quienes quedan a merced de la calle. Ser mirado con miedo y desprecio por quienes tuvieron la suerte de nacer con tez blanca y comprarse alguna ropa de marca. Provocar, con la sola presencia, la alarma en un comercio, aunque solamente vaya a comprar una leche a pedido de su mamá. Ser interpelado por el patrullero del barrio, de muy malos modos, desconfiando de su palabra, y a menudo recibiendo un insulto o un comentario desdeñoso.


En resumen, el conjunto de la sociedad no lo considera como un semejante.

El inevitable resultado de esa violencia solapada, es el síndrome que tan bien describiera la escritora Mary Wollstonecraft Shelley en su famosa novela “Frankenstein” (1818): La criatura, dotada de un espíritu sensible –como el de todos los seres humanos en sus primeros años de vida- pero de un atemorizante aspecto exterior, puede elegir voluntariamente provocar el terror, dado que no pudo inspirar amor.
De esta manera se explica cómo una parte del pobrerío sale armado a la calle a ganarse el sustento, a costa de la otra parte del pobrerío que se lo gana en pequeños comercios de bajísima rentabilidad o en trabajos miserables, casi siempre en negro, y mal remunerados.

De lo cual se desprende la siguiente reflexión: ¿es verdadera opción para un marginado someterse a esta infame explotación laboral, y eso si es que tiene la “suerte” de conseguirla?

La sociedad argentina es como una perversa Esfinge de Tebas, aquella monstruosa entidad mitológica que planteaba a los viajeros un dilema imposible de resolver, tras lo cual devoraba sin piedad a sus víctimas indefensas.

En términos criollos, el dilema se plantea en estos términos: “¿Quieres ser un esclavo sumiso y miserable, soportando humillaciones cotidianas, para ganar apenas un triste mendrugo de pan? ¿O prefieres convertirte en victimario, drogarte para tomar coraje, salir armado a robar a la calle, sin saber jamás si regresarás con vida o si pasarás largos años sometido a tortura en prisión?
Sí, la sociedad argentina, a través del estado que la representa y de la policía que la defiende, crea las condiciones ambientales exactas para que la violencia social crezca en proporciones geométricas.

Una vez logrado ese objetivo, hace magníficos negocios, tales como la prostitución de menores de edad, las zonas liberadas para los robos “autorizados” por la superioridad, o la obtención de mayor presupuesto para fortificar a las fuerzas represivas .

Y esto, sin contar al comercio más lucrativo de todos, el cual también está gerenciado por oficiales de policía y políticos de carrera: la venta de “paco” fabricado en las “cocinas” suburbanas. Esta fabulosa idea del estado, permite a la sociedad deshacerse de miles de seres humanos “sobrantes”, los cuales compran con buen dinero esa terrible droga que los descerebra hasta matarlos. De esta manera, se ha concebido un método muy superior al de Adolfo Hitler y el régimen nazi: no se derrocha el dinero de los contribuyentes en cámaras de gas, pólvora ni balas; la víctima paga su lenta pero inexorable ejecución.


Pero nada es perfecto, y aún hay pibes “sobrantes” cuya expulsión definitiva requiere del gasto de plomo calibre 9 mm, y de los matarifes que deben encargarse de esta faena: ellos son los “mataguachos”.
Individuos cuyos valores éticos poco tienen que ver con los postulados humanistas, los mataguachos fueron pobres que encontraron un lugar de “respeto” en la sociedad ingresando a la policía, institución que les brinda un arma, un uniforme, el derecho de matar y extorsionar, y un cobijo legal en caso de ser atrapados con las manos en la masa.

Los archivos de CORREPI están plagados de estos siniestros personajes. Y como para muestra basta un “botón”, el presente trabajo se referirá a un matarife que ejerce su perverso oficio en jurisdicción de la comisaría 5ª de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires: Ramón “El Oso” Peloso.

Años atrás, en tiempos que los vecinos de Fiorito prefieren no recordar, “El Oso” era jefe de calle del mencionado matadero policial. Como tal, establecía los “honorarios” que los pequeños comerciantes del barrio, los dealers, y los familiares de los pibes pobres debían abonar para gozar de la “protección” policial. Hacia el año 2003, Peloso ya se había retirado de la policía, pero –como es común en este tipo de personas- siguió ganándose la vida como matón particular, siempre en estrecho contacto con la institución que lo apadrinó en todas sus correrías.

Como de costumbre, “El Oso” se dedicaba a “verduguear” a los pibes del barrio, con el objeto de obligarles a robar para su propio beneficio. Uno de estos chicos era Matías Barzola, conocido como “Barzolita”, un pibe de 16 años cuyos amigos describían como “Un buen pibe, sin ningún vicio”. Una vuelta, Barzolita pudo poner dos cuadras de distancia entre su humanidad y la del energúmeno de Peloso quien, demasiado excedido de peso, juró venganza contra el pequeño rebelde que se negaba a consentir con sus actividades delictivas.

El 18 de febrero de 2003, “El Oso” experimentó un fugaz momento de felicidad, al balear por la espalda a un chico, confundiéndolo con Matías. Pero se había equivocado: momentos después, la madre del adolescente baleado se presentó en la comisaría 5ª, para increparlo por su salvajismo. Peloso –quien a pesar de estar retirado se encontraba allí- le dijo, muy suelto de cuerpo, la siguiente frase, que la llenó de espanto: “Yo soy el mataguachos. Pero con tu hijo me equivoqué, lo confundí con 'Barzolita'. A ése es al que estoy buscando”

“Persevera, y triunfarás” dice una voz popular. Y efectivamente, el matarife tuvo su hora de gloria el 3 de junio de ese mismo año: mientras patrullaba el barrio en su auto particular, encontró a Matías caminando junto a un amigo por una calle de tierra. Rápido como el rayo, lo obligó a arrodillarse o a acostarse en el piso, para descerrajarle un tiro en la cara, que lo atravesó “de atrás hacia delante, y de arriba hacia abajo”, como refiere el lenguaje neutro de la autopsia judicial.

“La letra con sangre entra”, reza un conocido proverbio de neto corte conductista. La lección estaba impartida: los pibes del barrio ya sabían a qué atenerse si se decidían, como Matías, a negarse a “colaborar” con este héroe de la sociedad argentina y del orden establecido.
Para cubrir las apariencias, los cómplices de Peloso en la comisaría 5ª aseguraron que Matías fue muerto mientras intentaba asaltar a un automovilista. Pero su madre, Estela Velásquez, no pudo creer que el hijo estuviera implicado en semejante asunto. Y empezó a investigar: caminó, preguntó, buscó testigos, y finalmente averiguó lo que se supone que el estado debería averiguar: la verdad de los hechos.

Poco más de un año después, en agosto de 2004, Peloso se anotó otro éxito en su “lucha” contra el delito: el ex policía vio a un grupo de jóvenes que asaltaba a un sodero sin haber solicitado el pertinente permiso policial, y les disparó desde atrás, sin decir “agua va”: como resultado de su gesto heroico, hirió a un pibe en la pierna, y mató de 7 (siete) balazos en la espalda a un muchacho de 18 años, conocido como “Calo”.

Se supone que la excesiva cantidad de tiros en el cuerpo no habría obedecido a un ensañamiento bestial, sino a la necesidad de asegurarse que el peligroso delincuente no tuviera tiempo de darse vuelta para repeler la acción parapolicial.

Un familiar de Matías que vivía cerca de allí y oyó los disparos, fue a ver qué ocurría: y lo que vio, lo llenó de lágrimas: “Me dio mucha bronca –dijo- ver cómo todos los policías lo abrazaban a Peloso, como si fuera un héroe”.

Y es que, efectivamente, criminales como Peloso son vistos como héroes necesarios para “terminar con el crimen” en la sociedad. Toda una contradicción, netamente argentina.
Después de mucho andar, los familiares de Matías Barzola solicitaron la ayuda de CORREPI para llevar al banquillo de los acusados a este “mataguachos”. El juicio oral tendrá lugar los días 3 y 4 de julio de 2008, en los juzgados de Lomas de Zamora, sitos en Larroque y Camino Negro.
Pero no sería prudente esperar un fallo imparcial de estos tribunales. Apenas unas semanas atrás, otro matarife –Justo José Luquet, de la Policía Federal- fue absuelto de culpa y cargo por el asesinato a sangre fría de otro chico pobre, Marcelo Báez.

Hoy, las tarifas por la “protección” policial en Villa Fiorito alcanza stándares “aceptables”: por liberar a un detenido –haya o no cometido algún delito- se pagan 2.000 pesos; un vendedor ambulante puede pregonar su mercancía oblando desde 10 pesos en adelante; para vender drogas, el dealer debe aportar a la “familia” policial entre 200 y 500 pesos semanales; y un menor, para evitar ser arrestado, puede optar por robar para la Corporación, debiendo rendir a sus benefactores un monto de 200 pesos por jornada de “trabajo”.

Es que en la República Argentina, obtener justicia es una verdadera utopía. Porque no se debe confundir a la justicia con el Poder Judicial, ya que este último es parte de la injusticia social, por ser parte –como la policía- del estado.

Ser obediente y agachar la cabeza, es una falsa opción. Como dijera hace ya un siglo un viejo revolucionario mexicano, Práxedis Gilberto Guerrero, “La pasividad y la mansedumbre no implican bondad, así como la rebeldía no significa salvajismo (...) La justicia no se compra ni se pide de limosna; donde no existe, se hace”
Las fotos son de Sebastián Hacher

ACTUALIDAD: Rechazo a las medidas de la UE para expulsar inmigrantes


De La Carta 275 del 01/07/08 - Mesa de Articulación, info@mesadearticulacion.org

La MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe, expresa su más enérgico rechazo a la aprobación de la “Directiva del Parlamento Europeo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”. Los mismos euro parlamentarios que han reducido su ayuda a la cooperación este año respecto a la del año anterior, impidiendo a los países del Tercer Mundo cumplir con los Objetivos del Milenio, son los que ahora han aprobado esta “Directiva de la vergüenza”.

Esta resolución legislativa de la Unión Europea permite detener hasta por 18 meses a los inmigrantes no documentados y les prohíbe por 5 años volver a Europa luego de ser expulsados por ese motivo. La norma permite que sean las autoridades administrativas las que dictaminen órdenes provisionales de internamiento de inmigrantes ilegales por períodos de hasta 72 horas y que los menores de 18 años, sin ser acompañados de sus padres, puedan ser también expulsados y retenidos. Respecto a las condiciones en que permanecerán los extranjeros en espera de la repatriación, la directiva señala: "en los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y tenga que recurrir a un centro penitenciario, los nacionales de terceros países sujetos al internamiento estarán separados de los presos ordinarios".

De esta forma Europa ha dado los primeros pasos en la instauración del delito de inmigración no documentada, sancionado con penas de presidio. Por este motivo esta directiva estigmatiza a las personas inmigrantes y les transforma en delincuentes que deben ser excluidos. Impone una lógica basada en la discriminación sistemática de seres humanos cuyo único delito es intentar escapar de la pobreza y buscar una vida digna para sus familias.

Esta nueva legislación migratoria incumple las obligaciones internacionales a las cuales están obligados los Estados miembros de la Unión Europea, entre otras la Convención de Ginebra de 1951 referida a los solicitantes de asilo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la propia Convención Europea de Derechos Humanos.

Es llamativo que esta directiva sea incoherente con los acuerdos de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe y la UE, celebrada en mayo de este año en Lima. En dicha ocasión ambas regiones manifestaron su voluntad de desarrollar un diálogo político basado en un enfoque comprensivo de la migración regular e irregular, y que comprenda los vínculos entre migración y desarrollo. La misma inconsistencia muestra esta directiva en relación a documentos de la propia UE, como por ejemplo las comunicaciones de la Comisión Europea sobre “el nexo entre migración y desarrollo” y el “Programa de La Haya”, adoptado por el Consejo Europeo de noviembre de 2004 que expresamente solicitó el establecimiento de normas comunes para las personas que vayan a ser repatriadas, de manera humana y respetando plenamente sus derechos humanos y su dignidad.

Esta Directiva se aprueba, paradógicamente, en el año en que se conmemora el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por este motivo, las Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe exigen a la Unión Europea adecuar su legislación migratoria de manera que garantice la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales, garantizando su universalidad, indivisibilidad e interdependencia.

Lo que sigue es un ampliado del CePaDeHu, para reflexionar



REACCION EN SUDAMERICA


RAFAEL CORREA: ES UNA VERGÜENZA El presidente del Ecuador, Rafael Correa, calificó de "una barbaridad" y "una vergüenza" que criminaliza la migración. Correa fue uno de los primeros mandatarios de Latinoamericana en reaccionar ante tal medida que afectaría a más de 3 millones de inmigrantes de ciudadanos pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, que integran Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, según datos de la cancillería ecuatoriana. Criticó "el doble discurso, la doble moral de los países desarrollados". "¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercancías, la inmediata movilidad de capitales pero criminaliza la movilidad de seres humanos?", preguntó.

BRASIL LAMENTA LA DECISIÓN
El Gobierno brasileño consideró una decisión que siembra "una percepción negativa de la migración".
Un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que "Brasil, país que ha dado acogida a millones de inmigrantes y descendientes hoy integrados con armonía a la sociedad brasileña, lamenta una decisión que contribuye para crear una percepción negativa de la migración". La decisión, según la nota, "va en el sentido contrario de una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y de una más amplia y plena convivencia entre los pueblos". En los últimos meses, Brasil ha tenido problemas diplomáticos con España, Francia e Irlanda, entre otros países europeos, por el trato dado a las personas no aceptadas.

ARGENTINA: MIGRAR NO ES UN DELITO "El Gobierno argentino reitera, una vez más, que migrar no es un delito. Por lo tanto, rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal", dijo la Cancillería en un comunicado. En la nota, el Ejecutivo que preside Cristina Fernández reafirmó que la cuestión migratoria "solo podrá ser resuelta de manera eficaz si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano". Destacó que establecer "restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales".


Los principales puntos aprobados en la víspera

Retorno:
Se establece un período de siete a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Se podrán tener en cuenta factores como la escolarización de niños para ampliarlo.

Retención: El período máximo se fija en seis meses que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros. La retención tendrá lugar cuando haya un riesgo de eludir una próxima expulsión y debe ser "lo más corta posible", en centros específicos (no en prisiones) y bajo supervisión judicial. Los menores y las familias con niños sólo podrán ser retenidos como último recurso y por el menor tiempo posible.

Prohibición de retorno a la UE: Los indocumentados que sean expulsados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario. Ese período podrá ser aún mayor si la persona expulsada supone una amenaza grave para la seguridad.

Menores no acompañados: En el caso de los menores sin familiares, se debe tener en cuenta "el mejor interés" para ellos a la hora de decidir su expulsión. Para devolver un menor a su país debe hacerse a familiares, tutores o una institución adecuada.

Excepciones: Se permite otorgar permisos de residencia a los inmigrantes clandestinos por motivos humanitarios. Acuerdos Internacionales: Se destaca la necesidad de lograr acuerdos de readmisión con países terceros a fin de facilitar el retorno de los indocumentados.

Asistencia jurídica: La garantía de asistencia jurídica se dará en las mismas condiciones que actualmente se ofrece a los solicitantes de asilo. Este mecanismo prevé que la asistencia sea gratuita según estipulen las leyes nacionales.

Entrada en vigor: Está prevista para dos años después de su publicación en el diario oficial, lo significaría hacia comienzos de julio de 2010 si el Parlamento Europeo aprueba el texto sin enmiendas. El capítulo sobre asistencia jurídica gratuita tendrá un período adicional de tres años.